La función del Tribunal de Disciplina Judicial en tiempos de jueces infalibles
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En el diseño constitucional del sistema de justicia mexicano existe una premisa básica: todo poder debe tener controles. El Poder Judicial no es la excepción, aunque a veces pareciera que algunos de sus integrantes consideran que su sola investidura los coloca en una zona de impecabilidad técnica y moral. Para esos casos, resulta esencial la función del Tribunal de Disciplina Judicial.
No se trata de un órgano decorativo ni de una amenaza a la independencia judicial, sino de un mecanismo de corrección institucional frente a excesos que, de no ser contenidos, erosionan la legitimidad misma del sistema.
El problema estructural de los procedimientos uniinstanciales
El nuevo modelo de justicia laboral en México optó por un esquema uniinstancial: no existe apelación. La sentencia del juez laboral —salvo el amparo— es definitiva. Esta arquitectura procesal se justifica en nombre de la celeridad, pero sacrifica deliberadamente la revisión ordinaria.
En este contexto, el amparo directo se convierte en la única válvula de control. Sin embargo, cuando el Tribunal Colegiado se excede en sus funciones, revalora pruebas, o redefine hechos probados, el sistema entra en una zona de riesgo:
No hay tribunal de alzada.
El amparo directo no es una segunda instancia, aunque a veces se le trate como tal.
El recurso de revisión es excepcional, casi mítico.
Y la corrección interna del error judicial se vuelve prácticamente imposible.
El resultado es simple: una sola decisión errónea puede quedar blindada.
El problema no se limita al control constitucional. En sede ordinaria, el juez laboral puede caer —por descuido, exceso de celo o creatividad interpretativa— en resoluciones que vulneran principios básicos del debido proceso, la legalidad o la seguridad jurídica.
En un sistema con apelación, el error se corrige. En uno uniinstancial, el error se consolida.
Y aquí es donde el discurso de la infalibilidad judicial comienza a incomodar.
El Tribunal de Disciplina Judicial: control, no herejía
El Tribunal de Disciplina Judicial no revisa sentencias. Revisa conductas.
No sustituye al juez. Evalúa si el juez actuó dentro de los márgenes constitucionales y legales de su función.
Su importancia se magnifica cuando:
El procedimiento es uniinstancial.
El juez o el colegiado actúan como si el principio iura novit curia (el tribunal conoce el derecho) fuera licencia para legislar el caso concreto.
El amparo se transforma, por la vía de los hechos, en una tercera instancia disfrazada de control constitucional.
La disciplina judicial no es persecución; es responsabilidad institucional. Y sí, también aplica a jueces electos por voto popular.
Los jueces de elección popular (que casi no se equivocan)
La elección popular de jueces ha traído consigo una narrativa interesante: la de la legitimidad democrática como antídoto contra el error. Bajo esta lógica, el juez electo parecería equivocarse menos —o al menos, equivocarse con mayor aceptación social—.
La realidad es menos romántica.
La elección no sustituye:
La técnica jurídica.
El respeto a las competencias.
La obligación de motivar y fundamentar.
Ni la sujeción a límites constitucionales.
El voto no convierte el error en acierto, ni la popularidad en criterio jurídico. Por eso, el control disciplinario no solo es compatible con la elección popular, sino indispensable para evitar que el juez se confunda entre representante político y órgano técnico del Estado.
Disciplina judicial como garantía de acceso a la justicia
México ha asumido compromisos internacionales claros en materia de acceso efectivo a la justicia. Un sistema sin apelación, sin revisión real y sin control disciplinario funcional no cumple con ese estándar, mucho menos cuando el juez se excede, el colegiado invade funciones y el sistema no ofrece vías efectivas de corrección,
Así pues, el Tribunal de Disciplina Judicial se convierte en la última barrera institucional frente al abuso, no para castigar el criterio jurídico, sino para contener la arbitrariedad.
Conclusión
En procedimientos uniinstanciales, la disciplina judicial no es un lujo, es una necesidad estructural.
No debilita al Poder Judicial; lo preserva.
No amenaza la independencia; la dignifica.
Y aunque algunos juzgadores —electos o no— parezcan convencidos de que casi nunca se equivocan, el Estado constitucional de derecho parte de una premisa más realista y saludable:
Todos los jueces pueden errar. Las instituciones existen para que el error no sea definitivo.
Ese, y no otro, es el verdadero sentido del Tribunal de Disciplina Judicial.
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